El monopolio estatal de la salud vulnera el derecho a la vida y la libertad de elegir
2 de marzo de 2026
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0182 de 2026, ha ordenado el traslado masivo de 6.5 millones de afiliados, una medida que Aliadas califica como un riesgo para el sistema de salud. Al integrar a 2.6 millones de personas de manera inmediata a la Nueva EPS —entidad intervenida y con falta de transparencia financiera— se compromete la continuidad de tratamientos críticos y se limita la libre elección de los ciudadanos.
La concentración del 30% de la población nacional en una estructura operativa con altos índices de insatisfacción debilita la calidad del servicio y la innovación privada. Este modelo de estatización no solo afecta el tejido empresarial y miles de empleos formales, sino que incrementa la presión financiera sobre hospitales e IPS, agravando la crisis de pagos en la infraestructura médica nacional.
Ante la incertidumbre generada por este decreto, Aliadas hace un llamado urgente a los organismos de control y a las vías judiciales para proteger el derecho fundamental a la vida. Es imperativo garantizar la estabilidad del sistema mediante un control técnico que priorice la seguridad jurídica y el bienestar de los pacientes sobre medidas centralizadas que dificultan las garantías mínimas de atención.
