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Aliadas respalda a la Corte y defiende las reglas que sostienen a Colombia

2 de febrero de 2026

En Aliadas, alianza de asociaciones y gremios, creemos en un principio simple: cuando el país enfrenta desafíos, las soluciones deben construirse dentro de la Constitución, no por fuera de ella y manteniendo la independencia de poderes.
Respaldamos la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la emergencia económica. Es una decisión temporal que busca evitar consecuencias difíciles de revertir mientras la Corte revisa con detalle si el decreto se ajusta o no a la Constitución. La Corte está ejerciendo el control que le corresponde: vigilar que los poderes excepcionales tengan límites claros y justificados. Las soluciones de fondo deben construirse con debate democrático, transparencia y trabajo coordinado entre las ramas del poder público.
En Aliadas hacemos un llamado claro y respetuoso: que las reformas fiscales y económicas que Colombia necesita se discutan en el Congreso, con argumentos, datos y apertura al diálogo. Defender la institucionalidad no protege intereses particulares; protege el empleo, la estabilidad y las oportunidades de millones de personas. Porque sin reglas claras no hay confianza. Y sin confianza, no hay futuro.

Aliadas pide activar la CAN y respaldar a las empresas afectadas por el arancel de Ecuador

28 de enero de 2026

En Aliadas, alianza de asociaciones y gremios, pedimos encauzar la situación derivada del arancel del 30 % impuesto por Ecuador a productos colombianos a través de los mecanismos institucionales de la Comunidad Andina (CAN) y, al mismo tiempo, activar medidas de apoyo para las empresas más afectadas. Este tema debe manejarse dentro de las reglas: el marco común de la CAN existe para resolver diferencias comerciales de forma institucional, y acudir a él es fundamental para recuperar la estabilidad, dar certeza a las empresas y evitar que el impacto llegue al empleo y a la producción.
El impacto no es menor. Las exportaciones involucradas en los productos más expuestos superan los US$ 1.371 millones, concentradas principalmente en cinco grandes frentes productivos: industria de transformación y manufacturas; bienes de capital, transporte y tecnología; agroindustria; petróleo, minería y recursos extractivos; y textil, confecciones y calzado. En estas actividades participan empresas de todos los tamaños, lo que amplifica el efecto sobre el empleo y las economías regionales. Sin embargo, también existe una base real para reaccionar: cerca de US$ 1.043 millones de ese valor corresponden a bienes que Colombia ya coloca en otros mercados, lo que significa que alrededor del 76 % del comercio afectado podría redirigirse si existe un acompañamiento ágil y coordinado. Sin una gestión oportuna, ese ajuste recaerá directamente sobre productores, empleo formal y cadenas regionales de valor.
Por eso planteamos dos acciones urgentes y complementarias.
Primero, que el Gobierno active de inmediato los canales formales de la Comunidad Andina para resolver la diferencia comercial dentro de las normas vigentes y restablecer condiciones previsibles para el comercio regional.
Segundo, que se implemente un plan de acompañamiento a las empresas de los sectores más afectados. Esto implica ayudarles a encontrar y consolidar nuevos destinos para sus exportaciones, acelerar trámites sanitarios y técnicos, reforzar la promoción comercial, facilitar ajustes logísticos y ofrecer apoyos financieros transitorios que les permitan manejar inventarios y sostener su operación mientras se estabilizan los flujos comerciales.
Resolver la diferencia por la vía institucional y acompañar a los sectores golpeados no son caminos distintos: son parte de la misma responsabilidad.

Salario mínimo de 2026 debe basarse en la ley, la evidencia técnica y el deber de una negociación tripartita rigurosa

25 de noviembre de 2025

Aliadas advierte que un aumento del salario mínimo sin respaldo técnico, legal ni diálogo efectivo sería perjudicial para los trabajadores, las empresas y la economía del país. Reitera su compromiso con el mandato constitucional de garantizar una remuneración mínima, vital y móvil, así como con la mejora sostenible del ingreso real de los hogares, objetivo que solo puede alcanzarse mediante una definición del salario mínimo para 2026 ajustada a la ley, basada en datos verificables y en una negociación tripartita seria, transparente y responsable.
La organización enfatiza que el marco jurídico colombiano exige que esta decisión se adopte a través del diálogo entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, evitando enfoques unilaterales o mediáticos. En línea con el Convenio 131 de la OIT, señala que el salario mínimo debe equilibrar las necesidades de los trabajadores y sus familias con factores económicos como la productividad, el empleo, la competitividad y la sostenibilidad fiscal, recordando que incrementos desconectados de la realidad económica ponen en riesgo el empleo formal y la viabilidad empresarial.
Por ello, Aliadas sostiene que la discusión debe sustentarse en un análisis integral que considere inflación, productividad, crecimiento económico, informalidad, capacidad de pago de las empresas —especialmente las mipymes—, impacto fiscal y efectos macroeconómicos futuros. Este proceso debe apoyarse en información del DANE, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, organismos de planeación, centros de investigación y la academia, con diagnósticos transparentes y metodológicamente claros. Finalmente, hace un llamado a fortalecer la Comisión Permanente de Concertación como un espacio real de debate técnico y diálogo social, condición indispensable para lograr acuerdos legítimos y sostenibles para el país.

La estabilidad de Colombia exige prudencia y diálogo en el escenario internacional

22 de octubre de 2025

Ante las tensiones diplomáticas recientes entre Colombia y Estados Unidos, Aliadas Gremio de Gremios manifiesta su preocupación por los posibles efectos que un deterioro de la cooperación bilateral podría generar sobre la economía, la seguridad y el bienestar de los colombianos.
Aunque no se han anunciado sanciones ni medidas arancelarias, el clima de desconfianza internacional impacta negativamente la inversión, el empleo y la estabilidad institucional, por lo que se valora el restablecimiento del diálogo entre ambos gobiernos y se insiste en la necesidad de mantenerlo abierto, respetuoso y orientado a resultados concretos.
El gremio subraya que las diferencias ideológicas no deben poner en riesgo una relación estratégica construida durante décadas, la cual ha fortalecido las capacidades institucionales, la seguridad ciudadana, los programas sociales y la inversión productiva, especialmente en regiones vulnerables. Defender esta relación es una decisión estratégica que protege el empleo, la estabilidad económica y la confianza internacional en el país, no una concesión política.
Finalmente, Aliadas hace un llamado a priorizar la diplomacia, el respeto mutuo y el trabajo conjunto, recordando que el aislamiento implica pérdida de oportunidades. Reitera que el liderazgo nacional debe reflejar unidad, serenidad y compromiso con la estabilidad, e invita a todos los sectores a actuar en defensa de la institucionalidad, la cooperación y el bienestar del país, afirmando que Colombia no puede ser el costo de un desacuerdo político.

Aliadas Gremio de Gremios, respalda a la ANDI

2 de octubre de 2025

En Aliadas expresamos nuestro total respaldo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI– y rechazamos con firmeza la utilización de conflictos, sean nacionales o internacionales, para justificar ataques y hostigamientos contra este gremio. Convertirla en blanco de agresiones y acusaciones infundadas abre la puerta a la persecución por razones ideológicas, algo que nuestra sociedad no puede permitir.
Rechazamos, repudiamos y expresamos nuestra más profunda indignación frente al uso de la violencia y la intimidación en cualquiera de sus formas y bajo cualquier argumento. La violencia no puede ser una herramienta de debate ni un recurso para tramitar diferencias: debilita la convivencia, destruye confianza y profundiza las heridas de una nación que necesita reconciliación.
Nuestra solidaridad con los trabajadores, familias y empresas que hoy se ven afectados por estas estigmatizaciones. Defender a la ANDI es defender el empleo y, sobre todo, la libertad de asociación, un derecho que permite a empresarios, trabajadores y ciudadanos organizarse sin miedo a represalias ni señalamientos. Sin ese derecho, la democracia se desmorona y se abren las puertas al oportunismo y la injusticia. Defender la libertad de asociación es garantizar que los colombianos puedan unirse para construir proyectos comunes, proteger sus intereses y aportar al desarrollo del país.
Aliadas reafirma su compromiso con la democracia, la dignidad y la construcción de un futuro en el que el respeto y la legalidad sean el camino. Con contundencia, afirmamos: cero tolerancia a la intimidación y la violencia.
Colombia, el propósito que nos une.

El país no necesita excepciones, necesita responsabilidad fiscal

30 de agosto de 2025

Desde Alianza Aliadas, expresamos con firmeza nuestra preocupación frente a la decisión del Gobierno Nacional de suspender la regla fiscal. Esta acción representa un quiebre en el compromiso con la estabilidad macroeconómica de Colombia y envía señales preocupantes a los ciudadanos, los mercados y los inversionistas, tanto nacionales como internacionales.
La regla fiscal es clave para que el gasto público se mantenga dentro de las posibilidades del país, evitando un crecimiento desbordado de la deuda y garantizando recursos sostenibles en el tiempo. Cumplirla fortalece la confianza, facilita el acceso a financiamiento y protege la capacidad del Estado para atender prioridades sociales como salud, educación e infraestructura.
La sumatoria de todas las medidas que se vienen tomando está poniendo en juego el país que hemos construido, la institucionalidad que recoge la Constitución de 1991 y los derechos y libertades de la gente. Colombia es el proyecto colectivo más importante que compartimos todos los ciudadanos. Las decisiones que hoy se toman no afectan a unos pocos: nos impactan a todos. La creciente inestabilidad derivada de políticas que, aunque legales, se aplican sin justificación técnica y bajo medidas extremas, ha generado una desconfianza profunda. Recuperar la credibilidad institucional será cada vez más difícil si no se actúa con responsabilidad, mesura y visión de país. El país no necesita saltarse las reglas: necesita cumplirlas con rigor.
Más que acudir a mecanismos que no resuelven los problemas estructurales del país, es urgente fortalecer la gestión fiscal con realismo, eficiencia y responsabilidad. Por ello, desde Aliadas, muy respetuosamente, formulamos las siguientes inquietudes al Gobierno Nacional:
¿Cuál es la política de austeridad del gasto?
¿Dónde están los ajustes efectivos para reducir el gasto ineficiente?
¿Por qué insistir en un presupuesto sobredimensionado que no refleja la capacidad real del país?
¿Cómo se mantiene la confianza de los mercados, los ciudadanos y los inversionistas?
Desde Alianza Aliadas hacemos un llamado al Gobierno Nacional a actuar con responsabilidad y visión de largo plazo. Suspender la regla fiscal sin razones excepcionales ni una hoja de ruta clara de austeridad no es una salida fiscal legítima. Es una decisión que expone a Colombia a mayor incertidumbre, menor inversión y pérdida de capacidad para responder a las necesidades de su población.
Asimismo, instamos al Consejo de Estado a considerar la suspensión provisional de esta medida, dado el grave daño que podría causar a la economía colombiana.
Colombia necesita estabilidad, credibilidad y gestión eficaz. Defender la regla fiscal es proteger el desarrollo, el empleo y los derechos fundamentales de quienes más necesitan del Estado.

La seguridad no admite vacilaciones: Colombia demanda decisiones contundentes

22 de agosto de 2025

En Aliadas expresamos nuestro más profundo rechazo y dolor frente a los cobardes e inaceptables atentados terroristas ocurridos en Amalfi, Antioquia, y en Cali, Valle del Cauca, que dejaron un saldo de civiles y uniformados asesinados, decenas de heridos y familias destrozadas. Nuestra solidaridad está con las víctimas, sus familias y con todos los colombianos que hoy viven con temor.
Estos hechos violentos constituyen una agresión directa contra la vida, la democracia y la tranquilidad nacional. No son simples ataques: son actos diseñados para sembrar terror, silenciar a los ciudadanos y debilitar la confianza en las instituciones.
Colombia necesita hoy un mando claro y una conducción firme en materia de seguridad. La experiencia ha demostrado que negociar con estructuras criminales no trae paz: las fortalece y les da más tiempo para expandirse. Ha llegado el momento de terminar definitivamente cualquier diálogo con quienes persisten en el camino de la violencia y el crimen.
Es momento de tomar decisiones contundentes. Los colombianos necesitamos:
Un liderazgo con autoridad y responsabilidad frente al país.
Recuperar la presencia integral del Estado en los territorios, con Fuerza Pública y justicia eficaz.
Fortalecer las Fuerzas Públicas y restablecer la inteligencia estratégica, junto con la coordinación institucional perdida.
Cerrar de manera definitiva las fuentes de financiamiento criminal.
Capturar, judicializar y condenar ejemplarmente a los responsables.
La seguridad no admite vacilaciones. Colombia necesita decisiones firmes y resultados tangibles. No más excusas: la vida, la libertad y el futuro de los colombianos dependen de que el Estado recupere el control y marque el rumbo.
Colombia, el propósito que nos une.

Rechazamos toda forma de violencia y exigimos que se haga justicia

11 de agosto de 2025

Hoy, Colombia se levanta conmovida por el fatal desenlace del atentado contra Miguel Uribe. Él ha partido dejando una profunda reflexión en los colombianos: toda forma de violencia es inaceptable para las personas de bien, y quienes la ejercen deben responder ante la justicia.
Nos unimos a este clamor y expresamos nuestra profunda tristeza e indignación por la agresión a quien fuera un digno exponente de la ciudadanía de bien y del ejercicio legítimo de la política. Manifestamos nuestra solidaridad con su familia e invitamos al país a no desfallecer en su voluntad de que, además de que se haga justicia, Miguel Uribe permanezca como ejemplo de esperanza por un país en paz.